«Una de las consecuencias más importantes de la independencia de España fue la pérdida de la unidad política. La América Española da paso al mosaico hispanoamericano»

Artículo de Jesús Alberto Navas Sierra para la Enciclopedia Britannica publicado el 1 de noviembre de 2007 en el sitio web «La historia con mapas».

1825 fue un año emblemático en la historia de la naciente Hispanoamérica. Tanto interna como externamente, todo parecía presagiar, no sólo la consolidación del proceso emancipador del Continente, sino el nacimiento de un nuevo y sólido epicentro político, con todas las consecuencias que esto último llegó a significar respecto a la geoestrategia del momento, tan afectada por el inevitable y definitivo ocaso de los centenarios imperios coloniales europeos en América. A las alturas del primer cuarto del siglo XIX, y consecuentemente con la ya manifiesta hegemonía asumida por los EEUU, con el reconocimiento de los nuevos gobiernos americanos y la Declaración Doctrina Monroe (marzo de 1822 y diciembre de 1823), el mundo parecía definitivamente dividido en dos esferas de poder político y económico: América, el Nuevo Mundo, revolucionario, liberal y republicano; y Europa, el Viejo Mundo, legitimista, autoritario y monárquico. Respecto al subcontinente hispanoamericano, 1825 impuso una doble perspectiva: una, que miraba al conjunto de los nuevos países iberoamericanos; y otra, que singularizara el inmediato pasado y presente de cada uno de ellos.

Situación exterior

En 1825, la nueva realidad hemisférica hispanoamericana comprometió de manera insoslayable la atención y confrontación de las principales potencias europeas, Inglaterra, y Francia, especialmente empeñadas en asegurarse, rivalizando con los jóvenes Estados Unidos de América, el predominio político y comercial del vasto mercado sudamericano, hasta hacía apenas 15 años atrás dominio soberano español. Un intento de cuantificar la masa crítica -territorio y población del continente americano-, según las cifras más fiables manejadas entonces, permite imaginar la ponderación de los nuevos Estados hispanoamericanos dentro del conjunto americano en dichas fechas:

Así pues, los nuevos Estados iberoamericanos, surgidos de los antiguos imperios español y portugués, representaban en conjunto, hacía 1825, una posición dominante en el conjunto del Nuevo Mundo. La nueva Hispanoamérica independiente y Brasil congregaban el 85% del territorio y casi el 70% de la población americana, respectivamente. A su vez, juntos eran 8,5 veces más extensos territorialmente, y 2,6 veces más poblados, que los EEUU de entonces, respectivamente.

En lo que respecta al subconjunto hispanoamericano, las ocho reparticiones administrativas (cuatro virreinatos y cuatro Capitanías Generales), con la excepción de los casos, siempre singulares, del Santo Domingo español en el Caribe; de Paraguay y la disputada Banda Oriental (Uruguay) en Sudamérica, el resto de los exdominios españoles había logrado reagruparse políticamente en siete nuevas entidades políticas: la República Federal de México y la Confederación Centroamericana en el Norte y Centro de América; la centralista Unión colombiana (Venezuela, Nueva Granada, Quito y Guayaquil y Panamá) en el cono norte sudamericano; las repúblicas del Perú y del Alto Perú (luego Bolivia), en el centro de los Andes y Pacífico sudamericanos; la república de Chile y la Federación de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el cono sudamericano. Así pues, este primer empeño reintegrador parecía superar la preanunciada diáspora hispánica, la cual parecía imponerse, desde el comienzo, como el mayor de los desafíos que irremediablemente condicionaría el futuro de las antiguas provincias o colonias españolas en América. Una vez más, según las cifras de entonces, el territorio y población de estas nuevos Estados americanos era el siguiente:

Tres de los nuevos Estados americanos, México, Colombia y Buenos Aires, representaban el 70,3% del territorio y el 63,2% de la población hispanoamericana. Sin embargo, ninguno de ellos individualmente superaba ni el territorio, 3,9 millones de km2, ni la población de los EEUU, 10,2 millones de habitantes. Quedaba pues en 1825 patente el gran desequilibrio de base que propiciaría la hegemonía norteamericana en el continente; posición que habría de acentuarse mucho más a lo largo del siglo XIX en virtud de los crecientes flujos migratorios europeos en su favor; proceso demográfico que correría aparejado con la expansión territorial de los EEUU, hacia el Sur, Norte y Oeste a costa de México, Inglaterra y comunidades indígenas norteamericanas.

Hacia 1825, militar, política y diplomáticamente la situación aparentaba ser más sólida y halagüeña para los nuevos países iberoamericanos. Consumada la derrota de los últimos ejércitos españoles en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, y salvo las aisladas excepciones de la fortaleza del Callao (Perú); la isla de Chiloé (Chile) y el Castillo de San Juan de Ulúa (México) “…ni un palmo de terreno reconocía ya al gobierno español, ni una sola bayoneta sostenía su causa en el continente…”. A pesar de su reconocida impotencia militar y diplomática, y desatendiendo los buenos oficios y reiterados consejos y ofertas de mediación de sus aliados europeos y de los mismos EEUU, España, reducida a sus dos últimas posesiones insulares de Cuba y Puerto Rico, estaba aún lejos de renunciar a su soberanía en América. En realidad, el escenario estaba definido por los intereses geoestratégicos de las potencias europeas y Estados Unidos en el Caribe, por una parte; y por otra, la voluntad de México y Colombia de anular, para siempre, cualquier tentativa de reconquista desde las posiciones españolas de Cuba y Puerto Rico.

A diferencia de lo acontecido durante los quince años precedentes, caracterizados por un caudillismo militar y provincial anárquico, para 1825 seis jefes de Estado, cinco de ellos militares, forjados en la Guerra de Independencia, concentraban en sus manos el mando político y militar en todo el continente hispanoamericano. Sostenían dicho entorno unos experimentados ejércitos y jerarquías militares que, si bien en el interior de cada país perpetuaban aún las aludidas y viejas estructuras caudillistas provinciales, estaban, mal que bien, engranados y puestos al servicio de la defensa de la independencia de los nuevos gobiernos constitucionales que, al final de este primer cuarto del siglo XIX, habían logrado institucionalizarse en el continente.

(Véase Independencia de la América Española).

Además de los generales Guadalupe Victoria, en México, y Manuel José Arce, en las Provincias Unidas de Centroamérica, Simón Bolívar ejercía, para entonces, el máximo poder político y militar jamás soñado en Hispanoamérica, pues su ejército y mando se extendía desde las extremidades de la desembocadura del Orinoco hasta la cima de Potosí y el desierto de Atacama en el Alto Perú; Bolívar era en 1825, Presidente de Colombia, Dictador de Perú y Padre de Bolivia. El general Ramón Freire, nuevo Director Supremo en Chile, y el Dictador Gaspar Rodríguez de Francia completaban el cuadro de gobiernos presididos por militares. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, un Congreso Constituyente, convocado en diciembre de 1824, y un gobierno Ejecutivo en Buenos Aires, conducido en 1825 por Bernardino Rivadavia, eran apenas un referente político para el resto de las provincias que habían renunciado al mando político y militar para enfrentar coherentemente la agresión del Imperio del Brasil por motivo de la anexión de la Banda Oriental y Provincia de Chiquitos.

Militarmente, aunque nunca hayan sido concluyentes las cuantificaciones intentadas sobre el total de los ejércitos hispanoamericanos en pie de guerra después de Ayacucho, se afirmaba que en términos globales americanos, los miembros de tierra de Colombia y México, no así los de marina, excedían en varias decenas de miles el total de las fuerzas regulares de la naciente potencia norteamericana, estimado por entonces en diez mil hombres, y desde luego el total de las tropas imperiales brasileñas. Concluida la lucha emancipadora en el Sur, los no menos de 15 mil hombres de Colombia, Perú y Bolivia eran un poderío militar suficientemente disuasorio en todo el continente americano. Este ejército, unido a los otros 10 ó 12 mil efectivos de Buenos Aires, México o Chile, en su momento habrían podido frustrar definitivamente cualquiera de las dos grandes pretensiones de expansión territorial intentadas a costa del antiguo Imperio español, ahora hispanoamericano, y que para 1825 eran ya manifiestas en el hemisferio americano: el Norte, por parte de los EEUU sobre Texas y territorios anexos (Nuevo México, Arizona, Utah, Oeste de Colorado y Nevada), California, Cuba y Puerto Rico; y en el Sur, por parte de Brasil sobre la Banda Oriental y la Provincia de Chiquitos en el Paraguay. Sin embargo, prescindiendo de estos manifiestos desafíos internos, las dos principales potencias militares hispanoamericanas del momento, Colombia y México, concibieron para 1825 pretensiones militares todavía más ambiciosas, como fueron, no sólo la erradicación total del dominio español en América, en Cuba y Puerto Rico; sino el ataque mismo de las costas de la Península, para luego “caer” sobre las posesiones españolas en Asia. Fue éste el mayor y más ambicioso sueño militar de Bolívar cuando a comienzos de diciembre de 1824 convocó el Congreso de Panamá, cuyos preparativos y negociaciones previas se llevaron a lo largo de 1825, sin que finalmente se hubiera podido concretar la formación de esa gran Confederación, Liga y Alianza Hispanoamericana. No obstante, durante dicho año, Bolívar rechazó las ofertas entusiastas que se le hicieron desde Chile, Buenos Aires y México para capitanear las expediciones que debían capturar Chiloé, reconquistar la Banda Oriental y liberar o anexionar las islas Cuba y Puerto Rico; como también, muy previsiblemente, y a continuación de esto último, taponar las pretensiones anexionistas norteamericanas sobre Texas y otros territorios al Este del septentrión mejicano.

De haberse cumplido los irreales Tratados III y IV pactados en Panamá el 15 de julio de 1826, el ejército de tierra combinado de Colombia, México, Centroamérica y Perú habría contado con sesenta mil hombres en tierra y una marina de 22 naves armadas: 3 navíos de línea, 7 fragatas, 7 corbetas y 5 bergantines, con un total de 420.488 cañones; fuerzas éstas muy similares a los mismos sesenta mil hombres de a pie, 15 navíos, 25 fragatas, 4 goletas y 4 bergantines que se suponía poseía entonces España. Este poderío virtual confederado resultaba muy superior a los diez mil hombres del ejército regular, los 7 navíos, 8 fragatas, 2 corbetas y 10 bergantines y goletas que igualmente se decía poseían, en dichas fechas, los Estados Unidos de James Monroe.

Durante 1825, tampoco podía ser menos prometedor el contexto internacional en favor de la naciente Hispanoamérica. Casi dos años antes, el 8 de marzo de 1822, y cuando la Neo Santa Alianza, con la abstención inglesa, auspiciaba la reconquista hispanoamericana para España, el Gobierno del presidente James Monroe y el Congreso norteamericano habían decidido el reconocimiento pleno de los nuevos Gobiernos de Colombia y México, a lo cual siguió el de Buenos Aires y Chile (1823) y Provincias Unidas de Centroamérica y Brasil (1824). Perú lo fue hasta 1826. Por su parte, el gobierno inglés, de la mano de G. Canning, desmarcado de sus socios europeos y resuelto a disputar la hegemonía hispanoamericana a los EEUU, había anunciado, a finales de diciembre de 1824, el comienzo del reconocimiento de los gobiernos de México, Colombia y Buenos Aires: lo cual protocolizó formalmente Jorge IV ante el Parlamento a finales de marzo de 1825; noticia que se celebró con gran regocijo popular en las capitales de los tres primeros Estados mencionados. A comienzos de octubre de 1824, Colombia había sido el primero de los países hispanoamericanos en suscribir con una tercera potencia, los EEUU, un tratado de Amistad, Comercio y Navegación; con ello se perfeccionaba el irreversible reconocimiento internacional de los nuevos gobiernos americanos. A continuación, comienzos de febrero de 1825, Buenos Aires e Inglaterra firmaron en dicha capital un tratado similar, al cual siguieron los igualmente suscritos por aquélla con México y Colombia, a comienzos y mediados de abril del mismo año respectivamente. Gracias a la intensa, y a veces coordinada, acción diplomática de los Ministros y Agentes diplomáticos de Colombia, México, Buenos Aires y Chile, a partir de agosto de 1825, Francia, cansada de soportar la irresoluta política de Fernando VII hacia Hispanoamérica, había decidido iniciar el reconocimiento de hecho de los nuevos gobiernos americanos permitiendo el ingreso en sus puertos, con bandera propia, de los navíos comerciales de México, Colombia y Buenos Aires; decisión ésta secundada más tarde por los reinos de los Países Bajos, Suecia y autoridades de las Ciudades Hanseáticas. A pesar de la pública reticencia de la Silla Apostólica hacia los nuevos gobiernos republicanos de Hispanoamérica, pero asumiendo las reiteradas amenazas provenientes de diferentes fuentes, y ante el temor de un inminente cisma americano, León XII había eximido, a finales de octubre de 1824, a los nuevos Prefectos Apostólicos y Obispos designados para América de jurar su plena fidelidad al rey de España.

No menos activa había sido la actividad diplomática en el interior hispanoamericano. Liberadas Nueva Granada (1819 y 1820) y Venezuela (1821), antes de iniciar su campaña del Sur, y protocolizada la anexión de las Provincias de Panamá y Veraguas a la Unión colombiana, Bolívar había desplegado una intensa carrera de alianzas políticas y militares en todo el excontinente español. Sus ministros plenipotenciarios firmaron tratados de Unión, Liga y Confederación Perpetua con Perú (julio de 1822); Chile (octubre de 1822); uno más de Amistad y Alianza con Buenos Aires (marzo de 1823), al que siguieron los de Unión, Liga y Confederación con la república de México (octubre de 1823); y el último con las Provincias Unidas de Centroamérica (marzo de 1825). Tras los efectos de la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa, Colombia y México pactaron una primera Convención naval (agosto de 1825), a la que siguió una adicional para el ataque de Cuba y Puerto Rico (marzo de 1823), acuerdos que llenaron de prevención y recelo a la Secretaría de Estado norteamericana y al Foreign Office inglés.

Quizás la única nube oscura que a finales de 1825 parecía amenazar el amplio horizonte internacional hispanoamericano lo constituía la frágil situación hacendística y, sobre todo, la precaria posición y capacidad financiera y crediticia externa de los nuevos Estados, especialmente en el mercado de capitales londinense. El admirable y aún no suficientemente ponderado esfuerzo hecho a finales de 1820 por el emergente gobierno colombiano para normalizar las anteriores y caóticas deudas inglesas de Venezuela y Nueva Granada, hizo posible que los restantes gobiernos de México, Buenos Aires, Chile, Perú y Guatemala, y desde luego Brasil, lograran contratar, a partir de 1822, créditos similares, incluso algunos de ellos más ambiciosos, en el mercado financiero de la City londinense. Para 1825 la situación de dichas contrataciones consolidadas, incluidos sus todavía normalizados precios de venta y en bolsa, era la siguiente:

Si bien buena parte de dichos préstamos se gastó prioritariamente en la misma Inglaterra en la compra de armamentos y provisiones militares a veces exóticos, como fue la fracasada compra del primer submarino del mundo por parte de México; compra de maquinaria; equipos y contratación de expertos europeos, cuando no en el mantenimiento de la misma deuda; e incluso en subsidiar, como lo hizo México, la supervivencia ya entonces de buena parte del exilio liberal español; una vez más, fue el espectro de un nuevo Dorado americano lo que primó a los ojos de las principales casas financieras ingleses (Barclay, Herring, Baring, Goldschmidt, y en algún momento Roschild, entre otros), para asumir el riesgo en inversiones de tal monto y pretensión. Cuando durante el mismo período, España difícilmente lograba obtener un crédito de 10 millones de libras en Londres, los dos más prometedores mercados americanos, entonces anunciados como las nuevas potencias del hemisferio, México y Colombia, acaparaban en 1825 el 76% de los préstamos negociados en Londres, cuyo monto crediticio era casi de 14 millones de libras. No obstante, la inexperiencia financiera internacional, la lenta y a veces retenida recuperación económica interna; las insuperadas crisis de las Haciendas hispanoamericanas, hicieron tambalear varias veces, desde finales de 1824, la estabilidad del mercado financiero londinense, arrastrando a la quiebra a más de uno de dichos prestamistas, lo cual desembocó en la aguda crisis financiera internacional de 1825-1826, A partir de entonces, la duda sobre la seriedad, y sobre todo solvencia, de los nuevos Estados fue la causa de las recurrentes caídas, y a veces dramática desvalorización, y sobre todo especulación, a que quedaron expuestos los títulos de la deuda hispanoamericana. La recurrente morosidad, incluso insolvencia hispanoamericana en Europa a lo largo del siglo XIX, se arreglaría en más de una ocasión a punta de cañoneras y bombardeos de sus principales puertos por parte de las flotas de las potencias acreedoras (Francia e Inglaterra).

Situación interna

Una de las consecuencias más importantes de la independencia de España fue la pérdida de la unidad política. La América Española da paso al mosaico hispanoamericano, con una gran variedad de casos, como se verá a continuación.

México

Superado el episodio imperial de Iturbide I, que concluyó, con su fusilamiento, Padilla, a mediados de julio de 1824, la primera constitución republicana y federal, aprobada como fórmula de transacción el 4 de octubre de 1824, había finalmente asegurado la unidad y gobernabilidad de tan vasto y rico, pero anárquico, país. Para 1825, un activo Congreso Federal y un no menos eficiente Ejecutivo central, a cuyo frente estaba el general Guadalupe Victoria, el primer Presidente mexicano (10 de octubre de 1824), asistido por un reducido pero excelente equipo ministerial, donde quedaron asentados los representantes de las dos grandes ideologías y grupos de intereses del país, Conservadores (partido escocés) y Liberales (yorquinos), luchaban por la recuperación económica interna: minería, agricultura, comercio y hacienda pública. Sendas legislaturas y gobiernos de los Estados Libres se repartían el gobierno y predominio de intereses más locales todavía. Menos fáciles eran los desafíos externos que debió afrontar la nueva república federal. Militarmente quedaba aún por conquistar el Castillo de San Juan de Ulúa, el último reducto español en México, desde donde su Comandante, el general español José Dávila, apoyado desde Cuba, auspiciaba la discordia interna y la revancha de los importantes grupos pro-hispánicos, todo ello como base para una inminente invasión de reconquista española de Nueva España. Menos claros se perfilaban entonces la defensa y mantenimiento de la integridad territorial mexicana, cuyos inmensos y despoblados territorios del Norte, las antiguas Provincias Internas españolas, eran ya el objetivo manifiesto de las aspiraciones expansionistas de los EEUU; a cuyo objetivo trabajó con admirable y dañina eficiencia el primer Ministro Plenipotenciario norteamericano, Jöel R. Poinsett, entre otras cosas reconocido fundador y manipulador del partido Yorkino, dentro y fuera del gabinete ministerial.

(Véase México: Historia, Época contemporánea)

(Véase Constitucionalismo hispanoamericano)

Provincias Unidas de Centroamérica

Deshecho el fugaz imperio iturbidista, con la excepción de Chiapas, las cinco provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, por iniciativa del general mexicano Vicente Físola, antiguo verdugo, luego promotor de la primera declaratoria de Independencia de 1821, presididos por un retrato de Bolívar, habían acordado constituirse (Guatemala, 24 de junio; 1 de julio y 1 de octubre de 1823) en Estado absolutamente independiente y soberano, además de federal, bajo el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Un Congreso Federal cuya primera legislatura se inauguró a mediados de febrero de 1825, una Jefatura de Estado, por entonces presidida por Juan Barrundia, y un Presidente federal, a cuyo frente estaba el incontestado general salvadoreño Manuel Arce, compartían, como en México, el ejercicio del poder político nacional con las legislaturas y presidentes de los cinco Estados miembros, en cuyos respectivos senos, Liberales y conservadores luchaban por un predominio político ideológico del nuevo Estado. Un año antes, las Provincias Unidas de Centroamérica habían sido uno de los primeros Estados americanos en abolir (finales de abril de 1824) la esclavitud (no había más de mil esclavos dedicados al servicio doméstico) y en establecer la libertad religiosa y de imprenta. Para 1825, las buenas relaciones de vecindad con México y el Tratado de Alianza con Colombia (marzo de 1825) parecían suficientes garantías externas para estimular un futuro político, casi modélico frente al resto de países hispanoamericanos. No obstante, a partir de 1824, se había empezado a criticar una reconocida asincronía entre el sistema de gobierno adoptado, para algunos mala mezcla del norteamericano y gaditano, y la realidad social y aspiraciones políticas de los pueblos e interés confederados, Unión que, a diferencia de otros países hispanoamericanos, mal que bien se logró preservar hasta el 1 de julio de 1839.

Colombia

La Unión colombiana, que jamás se llamó oficialmente Gran Colombia, a la que se habían anexado voluntariamente las Provincias de Panamá y Veraguas y fugazmente el Santo Domingo español (noviembre y diciembre de 1821, respectivamente), se constituyó como república formalmente centralista en Villa del Rosario el 6 de octubre de 1821. Aparentaba, en 1825, una sólida perspectiva de consolidación política e institucional en torno a un activo Congreso nacional y un eficiente Ejecutivo, a cuya cabeza estaba el vicepresidente neogranadino, general Francisco de Paula Santander, en ausencia de Bolívar, por entonces empeñado en la liberación final del Perú. La titularidad de Bolívar como Presidente y Libertador de los Departamentos colombianos de la nueva república andina, pero fundamentalmente los sucesivos laureles conquistados por los ejércitos colombianos en el sur del continente, bastaban por sí para ahogar las hasta entonces poco audibles voces pro-federalista que en el interior de las provincias aspiraban a desligarse del gobierno bogotano y resucitar la autonomía de las antiguas reparticiones españolas: la Capitanía General de Venezuela, por una parte; y la Presidencia de Quito y Provincia de Guayaquil, por la otra; lo cual terminó por suceder en 1830.

Para 1825, la avasalladora presencia militar y política colombiana, de dimensiones continentales, además de minar los no menos ambiciosos proyectos de Confederación y alianza militar hispanoamericana, que la misma Colombia -en verdad Bolívar- aspiraba a concretar durante dicho año de 1825 en torno al propuesto Congreso de Panamá, terminó por erosionar la hacienda pública y la economía colombianas, socavando de paso las grandes reformas políticas (libertad de prensa y abolición de la Inquisición); económicas (contribución directa) y sociales (reforma educativa, reforma religiosa; exención de tributo indígena y libertad de partos de los esclavos) y reproduciendo con mayor virulencia las contradicciones y desajustes económicos coloniales, antesala de la irreversible ruptura y ruina política colombiana que se inició a partir de 1826 con la rebelión venezolana.

(Véase Gran Colombia)

Perú y Alto Perú

Complejo y vacilante había sido el inicio republicano del Perú. Después del golpe militar que había impuesto al Congreso Constituyente al primer presidente republicano, el coronel José de la Riva Agüero (Motín de Balconcillo de finales de febrero de 1823), se aprobó la primera constitución (13 de noviembre de 1823), la cual de inmediato fue suspendida por el Congreso en razón de la agudizada crisis política que enfrentaba a un posteriormente cesado presidente Riva Agüero, acuartelado en Trujillo, y al mariscal Marqués de Torre Tagle, impotente en Lima; a lo que se sumaron las deserciones al bando realista de parte del mismo gobierno limeño. Dicha anarquía cedió con la llegada del nuevo contingente de las tropas colombianas al mando del general venezolano Antonio José de Sucre, quien con su influencia logró controlar el caos local hasta el subsiguiente ingreso de Bolívar (1 de septiembre de 1823), uno y otros llamados por el Congreso peruano. Después de haberse aclamado a Bolívar como Libertador, se le otorgó el mando unificado político y militar a comienzos de septiembre de 1824; y más tarde, el título de Dictador, a comienzos de febrero de 1824. Así investido del poder absoluto, tal cual le había sido propicio en la campaña neogranadina y venezolana, bastaron catorce meses al Libertador y a sus ejércitos combinados peruanos, colombianos y argentinos, para consumar la derrota definitiva española en el contiene americano: Junín (6 de agosto); retoma de Lima (7 de diciembre) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824); quedó no obstante pendiente la recuperación de la fortaleza del Callao, donde se habían atrincherado, a comienzos de febrero de 1824, los sublevados sargentos argentinos Oliva y Moyano, quienes la entregaron al brigadier español Rodil; esta fortaleza cayó definitivamente a comienzos de agosto de 1826.

(Véase Perú: Historia, Época contemporánea)

Ocupado el territorio por las fuerzas colombianas al mando de Sucre, y sin que fueran aún explícitos los planes de Bolívar, una Junta de notables bajo la inspiración del jurista Casimiro Olañeta, proclamó la independencia de la antigua Audiencia de Charcas (mediados de enero de 1825), cuyo objeto fue asegurar la independencia del Alto Perú, tanto respecto del Perú como de las Provincias Unidas del Río de la Plata cuyas pretensiones habían sido reafirmadas recientemente por una ley del Congreso del 9 de mayo de 1825. Con tal circunstancia, Bolívar y Sucre patrocinaron la inmediata convocatoria de una Asamblea Constituyente (mediados de febrero) la cual, con ocasión del aniversario de la victoria de Junín, concluyó reafirmando la total independencia y constitución de la nueva república de “Bolívar”, luego Bolivia Chuquisaca, el 6 de agosto de 1825.

En octubre de dicho año, se mostraron ilusionados en obtener el apoyo de los laureados ejércitos colombianos y ofrecer el mando único al Libertador; una y otra cosa fueron finalmente rechazadas con el objeto de reincorporar la Banda Oriental. Los Ministros Plenipotenciarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ante Simón Bolívar, el General José María Alvear y José Miguel Díaz Vélez, en nombre del Congreso federal, renunciaron formalmente a la soberanía de Buenos Aires sobre Charcas, y finalmente sobre los reclamados territorios de Tarija (como perteneciente a la Provincia de Salta) y Atacama, que se encontraban en poder de las tropas colombianas. En Potosí, en el apogeo de su máxima gloria militar y política, ante las banderas libres sudamericanas, Bolívar decretó (últimos días de octubre de 1826) el final del imperio español en América; a esto siguió su aclamación, por la Asamblea boliviana, como Padre de la Patria; se le encargó, además, redactar la primera Constitución, la que el Libertador se propuso posteriormente implantar en el Perú, e incluso en Colombia.

Durante 1825, y a pesar de los deseos reiterados de Bolívar de renunciar a la dictadura y permitir la plena restauración republicana, tan sólo su presencia y autoridad lograron evitar de nuevo el caos político peruano, dominado por los múltiples intereses en juego, en especial de los comerciantes del litoral y, sobre todo, de los hacendados propietarios de esclavos. Unos y otros poco contribuían al afianzamiento de las reformas hacendísticas y sociales que el Congreso peruano y el gobierno de Bolívar pretendían implantar; entre otras cosas, frustraron los segundos la abolición de la esclavitud. Por otra parte, la aguda penuria fiscal, secuela inevitable de la reciente y cruenta guerra emancipadora, como la parálisis del antiguo comercio con la Península, no lograron apagar la ilusión regeneradora y la fe reconstitutiva que Bolívar puso en la redacción de la nueva constitución andina, que concentró buena parte de la actividad del Liberador antes de que abandonara Perú y regresara, a finales de 1826, a Colombia, donde se le llamaba con angustiado eco como único posible salvador de la ruina política colombiana.

A lo largo de 1825, el predecible fracaso de la Asamblea de Panamá, las apetencias expansionistas y hegemónicas norteamericanas, las crecientes amenazas de reconquista por parte de España y sus aliados europeos continentales, y la indomable anarquía que rebrotara por doquier, con mayor ímpetu destructivo que antes, convencieron a Bolívar de lo inevitable de una protecturía inglesa como única alternativa para salvar de su ruina total la frágil independencia y libertad hispanoamericanas. La concertación de una alianza militar y política con Inglaterra, además de alejar todas las asechanzas externas, permitiría el licenciamiento de los costosos ejércitos nacionales, caldo de cultivo y fortalecimiento de los ancestrales caudillismos comarcales. La inversión productiva, la recuperación económica y la reforma social de los cada vez más empobrecidos países hispanoamericanos, sería la inmediata consecuencia de tal pacto externo. A mediados de marzo de 1825, desde Lima, así se lo escribió el Libertador al Vicepresidente Santander y se lo repitió expresamente al Capitán de navío inglés Thomas Mailing; se lo volvió a reafirmar a Santander desde el Cuzco (julio de 1825); y ordenó pedirlo expresamente a G. Canning a través de Ministro colombiano en Londres (comienzos de diciembre de 1825); lo pidió de nuevo, de manera más detallada, en Lima al Cónsul General inglés en el Perú, C. Rickets (comienzos de febrero de 1826). Lo haría con más ahínco al forzar a su propio Gobierno de Bogotá para que Inglaterra fuera invitada y participará, como finalmente sucedió en junio de 1826, en el Congreso de Panamá; y lo reiteró por última vez, con mayor angustia todavía, en Caracas (mediados y finales de abril de 1827), ante A. Cockburn, designado primer Ministro inglés para Colombia, cuando se encontraba envuelto en la solución de la revuelta venezolana encabezada por el general venezolano Antonio José Páez.

Chile

No menos conflictivo había sido el inicio republicano chileno inspirado en la modélica constitución republicana de Manuel Egaña (1823). La ruda lucha política de las facciones en apogeo había terminado por afianzar el gobierno centralista, personalista y fuerte del general Bernardo O’Higgins. Sin embargo, a mediados de julio de 1823, un pronunciamiento cívico capitalino impuso su renuncia, a lo cual siguió su voluntaria expatriación al Perú, donde murió; fue sucedido como Director Supremo por el general Ramón Freire. Después de reafirmar la abolición de la esclavitud, expropiación de los bienes eclesiásticos y destitución del arzobispo de Santiago, y ante la inminencia de una nueva anarquía política impuesta por las fuerzas políticas en formación los jóvenes y exaltados pipiolos (liberales) y tradicionales pelucones (conservadores), Freire decidió clausurar el nuevo Congreso Constituyente, recién convocado, y expatrió a sus principales miembros (comienzos de octubre de 1825). Asumió luego el gobierno dictatorial centrando sus principales esfuerzos y recursos en la recuperación de la isla de Chiloé, reducto español al mando del coronel Antonio Quintanilla, empresa que apenas logró concretar Freire tras una segunda expedición en enero de 1826. A pesar de un inicial interés, Chile se negó a asistir al Congreso de Panamá, puesto que su gobierno desconfiaba de una eventual hegemonía colombiana en la inspiración y el manejo de la Confederación propuesta.

(Véase Congreso Interamericano de Panamá).

(Véase Chile: Historia, Época contemporánea).

Provincias Unidas del Río de la Plata

La milagrosa anarquía que sobrevino tras la victoria militar que en 1820 habían obtenido los caudillos regionales de las llamadas Provincias del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, a las que se juntaron las Provincias del interior y José G. Artigas, en contra del centralizado y absorbente gobierno de Buenos Aires, terminó por instaurar un tácito gobierno nacional en la capital, el cual estaba vigilado por la creada Junta de Representantes, y cuya cabeza más visible fue Bernardino Rivadavia. Éste, además de impulsar notables cambios (supresión del diezmo y fuero eclesiástico, reforma de conventos, nuevo régimen de alquiler de tierras, creación de la Universidad de Buenos Aires y contratación de un empréstito en Londres), había logrado convocar un Congreso Constituyente que se reunió a mediados de diciembre de1824, con el objeto de reintegrar la unidad política de los restos del antiguo, vasto y próspero virreinato del Río de la Plata.

(Véase Provincias Unidas del Río de la Plata)

Durante 1825 buena parte de la acción del gobierno de Buenos Aires, presidido por Juan Gregorio de las Heras, pero cuya inspiración continuaba siendo Rivadavia, estuvo centrada en el ámbito internacional. Esta política hacia el exterior se inició con la firma de un primer tratado de Amistad, Comercio y Navegación (comienzos de febrero de 1825) con Inglaterra; se perfeccionaba así el reconocimiento previo por parte de esta potencia europea. La reincorporación de las provincias de la original Audiencia de Charcas (ley del 9 de mayo de 1825 del Congreso), se asoció hábilmente a la recuperación de la Banda Oriental, invadida y anexionada por Brasil a mediados y finales de 1821, y a continuación de la Provincia de Chiquitos, recientemente ocupada por las tropas imperiales. El Congreso renunció a la soberanía de las primeras a cambio de conseguir, finalmente sin éxito, la alianza militar de Bolívar -como se ha señalado más arriba-, para una guerra en contra del Brasil, operación que se inició a mediados de abril de 1825 con la expedición de los Treinta y tres orientales y constitución del primer gobierno provincial presidido por el general Lavalleja; siguió la instalación, a mediados de junio, de una Asamblea Constituyente que declaró la independencia de la Banda del Imperio brasileño y su posterior reincorporación a Buenos Aires, a mediados y finales de agosto. La declaratoria de guerra por Brasil, a comienzos de diciembre de 1825, se acompañó de los buenos oficios mediadores acometidos por Inglaterra, en Londres, Río de Janeiro y Buenos Aires, temerosa ésta de una alianza militar colomborioplatense y cuyas impredecibles consecuencias, militares y políticas, G. Canning no quiso asumir, en contra de sus intereses globales en el cono sur americano. El público desafecto y desentendimiento entre Rivadavia y Bolívar determinó la negativa de Buenos Aires de participar en el Congreso anfictiónico de Panamá, como también el desinterés de Bolívar para conseguir la participación del Río de la Plata en dicha Alianza continental.

Paraguay

Según se ha indicado en párrafos anteriores, poco o nada extraordinario había sucedido desde 1814 en el recóndito Paraguay cuando un Congreso proclamó la dictadura perpetua del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, cuyos principales opositores fueron eliminados gradualmente. Encerrado en su extraño reino, al que aisló físicamente en su frontera con las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Dr. de Francia se proclamó Jefe de la Iglesia y estableció por decreto la igualdad de las clases sociales. Tampoco dudó en ordenar el fusilamiento de los 60 conspiradores que en el año 1820 trataron de derrocarlo, entre los que figuró el obispo de Asunción, a quien mantuvo enclaustrado durante dieciocho meses. En su momento (1820), dio generoso asilo a José G. Artigas, tras ser derrotado por Brasil y traicionado por sus amigos y generales del Río de la Plata. En 1825, Bolívar, que en algún momento pensó invadir Paraguay y derrocar al temido dictador, no tuvo éxito en la obtención de la libertad del sabio, médico y naturalista francés Aimé Bonpland, compañero de Humboldt en su periplo hispanoamericano de finales del XVIII y comienzos del XIX, y quien había decidido entrar en Brasil y luego en Paraguay, donde el Dr. Francia lo declaró conspirador en su contra. Paraguay fue el único gobierno hispanoamericano que no fue invitado a participar en el Congreso de Panamá .

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Bibliografía

FLÓREZ, Adolfo: Estudio cronológico sobre los Gobernantes del Continente americano desde la más remota antigüedad hasta el presente año. Bogotá, 1888.

LEVENE, Ricardo (Coord.) Historia de América; tomos 4 a 9; B. Aires, 1947.

LIEHR, Reinhard (Ed.) América Latina en la época de Simón Bolívar. La formación de las economías y los intereses económicos europeos, 1800-1850. Berlín, 1989

KAUFFMANN, William W: British policy and the independence of Latin America, 1804-1828. New Haven, 1951

McEVEDY, C JONES,R: Atlas of World populations history. Middlesex, 1978.

ROBERTSON, William Spence: France and LatinAmerican independence. Baltimore, 1939.

RODRÍGUEZ 0., Jaime E: El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808-1832. México, 1980.

VILLANUEVA, Carlos A: Resumen de la Historia General de América. París.

WHITAKER, Arthur Preston: The United State and the independence of Latin America, 18001830. Baltimore,1941.